El build to rent se ha convertido en un mercado en expansión en España. La dificultad para encontrar proyectos ya construidos ha hecho que muchos inversores pongan su atención en proyectos que están en vías de construcción y que tienen un proyecto asociado. Todo apuntaba a que el sector del build to rent alcanzaría su plenitud en 2022 y 2023. No obstante, la nueva Ley de la Vivienda podría disipar este esperado boom ante la incertidumbre creada con las medidas que se han ido conociendo, las cuales todavía no son definitivas a falta de un borrador de la ley.
La ley de vivienda podría disminuir en más de 2.500 viviendas de build to rent
Las reacciones al acuerdo para la nueva ley de vivienda no se han hecho esperar. A falta de una ley definitiva, las posibles medidas que se aplicarán para regular el mercado del alquiler han puesto a los grandes propietarios en una incertidumbre jurídica sobre qué ocurrirá con sus negocios. Una de estas medidas podría afectar directamente a la oferta de viviendas en alquiler
A lo largo de este año, los expertos han estimado que, a partir de 2022, las construcciones de build to rent se situarán en torno a las 8.500 edificaciones anuales, de acuerdo con el estudio de BNP Paribas Real Estate.
Este número podría ir aumentando progresivamente hasta situarse en torno a los 80.000 en 2028.
No obstante, hace cuestión de días, el Gobierno de España implementó una serie de medidas que impactan de manera directa en el mercado del alquiler. Por ese motivo, los expertos del sector inmobiliario estiman que las nuevas promociones destinadas al build to rent se reducirán un 30% en los próximos cinco años, lo que podría suponer una disminución de 2.550 viviendas destinadas para este fin, unas 5.950 viviendas al año para el build to rent.
La incertidumbre, el peor enemigo del build to rent
No obstante, Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), asegura que “se trata de una decisión que alejará a los inversores, tanto nacionales como internacionales”. “La intervención del Gobierno generará inseguridad jurídica ya que, al fijar un precio del alquiler para los pisos de los grandes tenedores, aquellos que tienen 10 o más viviendas, muchos promotores y grandes carteras se replantearán su estrategia”, añade Unsain. Los inversores extranjeros ya han manifestado su rechazo de la ley y podría originar una fuga del capital extranjero, y, por ende, que no se llegue a alcanzar la plenitud que se esperaba en el segmento del build to rent.
El economista Gonzalo Benardos, en conversaciones con Fotocasa, afirma que a los grandes tenedores les pongan un precio máximo va a perjudicar el “Build to rent”, por lo que aumentará menos la oferta y, si aumenta menos la oferta, va a calentar aún más el mercado de alquiler. Ahora son muchas las empresas interesadas en el Built to Rent en España, si ahora se van a obligar a que bajen el precio, preferirán irse a otro país.
Además, actualmente, las viviendas de alquiler representan un 25% del total del mercado inmobiliario español. Si a raíz de la ley, esta oferta se disminuye, los precios de este tipo de activos se encarecerán de manera considerable. Montse Moreno, vicepresidenta de AEPSI, declara que “si la oferta baja y la demanda sigue siendo la misma los inquilinos que sean familias de clase media o jóvenes, que son los principales interesados en este tipo de activos, tendrán una dificultad mayor para encontrar una vivienda”.
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