La actual situación de inseguridad exige la profesionalización del alquiler

Todos los expertos coinciden en afirmar que la mayoría de los problemas que generan los alquileres, excepto el de la okupación, serían evitables con la intervención de profesionales que asesorarán a las dos partes y gestionan los alquileres.

Así se evitaría lo que está ocurriendo actualmente: que arrendadores y arrendatarios, sin ningún tipo de experiencia en la gestión, seleccionen a los inquilinos inadecuadamente, sin ningún rigor profesional, y dejándose llevar en muchos casos por criterios sentimentales o de apariencia.

“La profesionalización del alquiler podría reducir el riesgo de impagos en un 85%”

El Estado y las distintas Administraciones Públicas tienen la obligación constitucional de promover los cauces oportunos para que las personas con bajos recursos económicos puedan acceder a una vivienda en alquiler, facilitándoles viviendas sociales, pero sin involucrar en ello al sector privado y sobre todo a los pequeños arrendadores, porque debido a la situación económica de estos colectivos, el riesgo de incumplimiento es altísimo.

Por ello, se hace necesaria la intervención de profesionales que seleccionen a los inquilinos por su grado de cumplimiento, aplicando criterios de selección con rigor científico y que además gestionen con el mismo rigor todas las incidencias que se puedan producir durante los alquileres. Cuando esto se consigue, se reduce el riesgo de los impagos en porcentajes que llegan a superar ampliamente el 85%.

Es cierto que la intervención de profesionales que gestionen los alquileres tiene un pequeño coste económico, pero este es ampliamente compensado con la reducción de problemas que se produce cuando intervienen estos profesionales.

“La nueva Ley de Vivienda penaliza la profesionalización de los alquileres”

La nueva Ley de la vivienda penaliza la profesionalización de los alquileres al limitar que estos profesionales puedan facturar sus servicios a los arrendatarios, con el enorme riesgo que ello supone, al prescindir de especialistas en una actividad altamente compleja, que requiere un importante grado de formación y de especialización. Y es que cuenta con una legislación confusa, dispersa y con multitud de normas que conviven en el tiempo, en función de la fecha de celebración de los arrendamientos.

Es necesario que tanto inquilinos como arrendadores puedan contar con la ayuda especializada de profesionales para que puedan asesorarlos sobre cualquier duda o pacto que quieran recoger en los contratos, asesorandolos sobre su validez, cláusulas en los contrato de arrendamiento, deficiencias, etc; además de, filtrar y seleccionar a los inquilinos más solventes para evitar problemas posteriores.

Lo que se ha aprobado con la nueva Ley de la Vivienda es justamente lo contrario, alejar a estos profesionales de los inquilinos, al no permitir que estos profesionales les facturen sus honorarios, y por ende, su experiencia y asesoramiento en la materia arrendaticia. Y ya sabemos lo que pasa: si los profesionales no cobran, no hay asesoramiento.