7 de cada 10 inquilinos pagaría más de un 40% de sus ingresos para alquilar

Según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la gran mayoría de los candidatos que les llegan para alquilar una vivienda, 7 de cada 10, están dispuestos a endeudarse por encima del 40% de sus ingresos para hacer frente a la renta de alquiler. Su director general, José Ramon Zurdo, explica el riesgo que esto supone para los propietarios y para la propia viabilidad del alquiler, “que el propietario asuma del candidato a alquilar, un endeudamiento superior al 35% de los ingresos para destinar al pago de la renta de alquiler, supone en gran medida un riesgo de impago, donde ante cualquier imprevisto, el arrendatario deja de pagar la renta, en su totalidad, o de forma parcial”.

“En muchos casos se trata de una falta de educación financiera básica o desconocimiento, donde tenemos que explicar a los arrendatarios que, por ejemplo, ganando 1.200€ al mes, no se puede alquilar una vivienda de 800€”, subraya Zurdo.

Aumenta la demanda y aumentan las operaciones de riesgo

Desde ANA explican que se está formando un coctel explosivo en el sector inmobiliario donde el alquiler es el centro, así lo explica su director general, José Ramón Zurdo: “hay una grave escasez de oferta de vivienda en alquiler que ninguna Administración pública está atendiendo de raíz, sumada a la crisis financiera e hipotecaria, que sigue aumentado los demandantes de alquiler, en un contexto de clara pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias, debido a la inflación. Todo esto da como resultado un aumento del riesgo a la hora de poner una vivienda en alquiler, en una situación de inseguridad jurídica, donde el propietario particular, sin asesoramiento adecuado, es el principal perjudicado”

Los arrendadores cada vez piden más requisitos para alquilar

Desde ANA afirman que esta es una realidad creciente; y a la vez que aumenta el riesgo, aumentan los requisitos para alquilar: “los arrendadores se sienten más amenazados con las medidas intervencionistas que se están tomando en su contra», explica Zurdo.

«Medidas que crean mucha inseguridad jurídica, y por ello tratan de protegerse al máximo buscando inquilinos que les aporten más solvencia económica o mayores garantías para poder afrontar los problemas que les puedan surgir, sobre todo por los tiempos tan exagerados que se tardan en recuperar las viviendas, en casos de desahucios.”, apunta Zurdo.

No se puede exigir al inquilino el pago por adelantador de más de una mensualidad

Es cierto que algunos arrendadores pueden contravenir la Ley exigiendo a los inquilinos garantías que no les corresponden, explican desde ANA.

Actualmente las garantías que se puede exigir a los arrendatarios en el alquiler de viviendas no son libres. El límite actual de garantías que permite la LAU (artículo 36) solicitar a un arrendatario está en un mes en concepto de fianza y hasta dos meses más en concepto de garantía complementaria, excepto en los contratos de larga duración, en los que las garantías que se pueden solicitar a los arrendatarios son libres y por tanto no tienen límites.  Tampoco se puede exigir a los inquilinos el pago anticipado de más de una mensualidad de renta porque lo prohíbe la Ley (artículo 17 LAU).

En este sentido, informan desde ANA, exigir a los inquilinos el pago anticipado de seis mensualidades de renta, una práctica usada por algunos arrendadores, es una práctica ilegal. Como mucho, para cumplir con el mandato legal, se podría solicitar a los inquilinos el pago del mes en curso y el anticipo de la siguiente mensualidad.

Los más vulnerables son los más perjudicados por una falta de política social de vivienda por parte del ejecutivo

Esta cantidad de requisitos que actualmente se solicitan a los arrendatarios, añade José Ramón Zurdo, realmente a quienes están perjudicando más es a las clases más vulnerables de nuestra sociedad, que son las que tienen menos ingresos para poder endeudarse con las rentas que se solicitan, o las que tienen los empleos más inestables. Es en estos sectores donde si debe intervenir el Sector Público ofreciendo alquileres sociales o asequibles, pero sin que tengan que ser los arrendadores privados los que le resuelvan la papeleta al Estado asumiendo perfiles de inquilinos con un alto riesgo de incumplimiento, y sin contraprestación alguna.

“Las últimas medidas intervencionistas aprobadas en perjuicio de los arrendadores, no solo les están perjudicando a estos, sino indirectamente también a los inquilinos, al endurecer los arrendadores los requisitos que exigen para arrendar sus viviendas, debido al mayor riesgo que tienen que soportar. Vemos como una intervención que se hace en teoría para favorecer a los inquilinos, tiene el efecto contrario de perjudicarles, por la vía de los mayores requisitos que se les están exigiendo. Esto nos demuestra el planteamiento equivocado de las últimas medidas adoptadas, que lo único que han hecho es excitar para que se cree una enorme demanda, pero en cambio al no defender a los arrendadores, han deteriorado la oferta.”, finaliza Zurdo.