El ministro de transportes, José Luis Ábalos, recoge en el borrador de la propuesta de la Nueva Ley de Vivienda que el precio del alquiler en zonas tensionadas no suba más de un 10% en nuevos contratos en comparación con el contrato anterior. Así recoge Europa Press según el borrador al que ha tenido acceso. Además, también se propone que el arrendatario pueda acogerse cuando vaya a finalizar el contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato anterior.
Los objetivos principales de la Ley de Vivienda
Este borrador de ley tiene tres objetivos principales
1. Evitar un incremento abusivo de los precios del alquiler en zonas tensionadas
Con una subida máxima del 10%, un piso que cuesta 1.000 euros al mes y que esté en una zona tensionada solamente podría subir un máximo de 100 euros mensuales con respecto al contrato anterior, lo que quedaría 1.100 euros al mes.
2. Que se favorezca el acuerdo entre las partes
Estas medidas benefician tanto a inquilinos como a caseros, ya que estimula el acuerdo entre las partes. Así, si se acuerda la firma de un nuevo contrato de alquiler:
- El inquilino podrá asegurar una estabilidad por un periodo de cinco o siete años,
- El propietario tendrá un estímulo para alcanzar un acuerdo y establecer una renta adecuada, pero sin incrementos desproporcionados.
3. Evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler
La aplicación de las medidas de intervención de precios y estímulos fiscales deben conseguir el doble efecto de:
- Contención de rentas a corto plazo durante el tiempo que dure la declaración de “zona tensionada”
- Un estímulo a medio plazo que favorezca nuevos contratos con condiciones favorables para personas con dificultades para acceder al alquiler con los precios actuales del mercado.
La declaración de zona tensionada será «excepcionalmente y acotado en el tiempo»
Este mecanismo recogido en la nueva ley del alquiler adicional será «excepcionalmente y acotado en el tiempo», ya que el objetivo de intervenir en el mercado para amortiguar la tensión del alquiler de la zona es conceder a las administraciones públicas el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda carencias de esas zonas.
Esta ley, además, debe tener en cuenta que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos. Además, tampoco puede producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos contrarios a los deseados.
