La escasez de la oferta del mercado de viviendas arrendadas y vivienda social o los elevados precios, sobre todo en las grandes ciudades, han supuesto que el Gobierno se vea ante la necesidad de controlar y regular el precio del alquiler. Con el fin de solucionar estos problemas, el Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, después de varias iteraciones y bloqueos, ha establecido un nuevo acuerdo para promover la nueva Ley de Vivienda en 2021.
Esta nueva normativa, de la que aún faltan detalles por concretar y la versión oficial de la ley, ha señalado varios escenarios en los que tanto grandes propietarios (tenedores de 10 viviendas o más) como pequeños propietarios (menos de 10 viviendas), se verán afectados. La limitación del precio de las viviendas de alquiler, las ventajas fiscales o el incremento en el pago de impuestos son los principales cambios que puede traer esta nueva Ley.
A efectos prácticos, ¿cómo afecta a los grandes y pequeños propietarios de vivienda? A continuación, el detalle de las posibles consecuencias de la nueva Ley de Vivienda para arrendatarios.
Limitación de precio del alquiler en las “zonas tensionadas”
Lo que establece el Gobierno para los grandes propietarios (con condición de persona jurídica) es la bajada de los precios en las viviendas de alquiler ubicadas en aquellas zonas consideradas “tensionadas”. ¿Qué significa este término? A priori, se refiere a aquellas zonas en las que los precios han fluctuado especialmente (más de cinco puntos por encima del IPC en cinco años) y que el precio medio supere el 30% de los ingresos medios por hogar. Según ha calculado El País, 109 municipios y 36 distritos de grandes ciudades podrían aspirar a ser considerados zonas tensionadas o con mayores desequilibrios entre el precio de los alquileres y los ingresos de sus habitantes. Estas áreas se concentran en Málaga, Alicante, Baleares, Barcelona y Madrid.





