En total, un 62% de los propietarios tomará alguna medida para adaptarse a las restricciones del IRAV, mientras que un 38% prefiere esperar a que la regulación cambie con el tiempo.
¿Cómo afecta el IRAV al mercado del alquiler?
El Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, en vigor desde enero de 2025, sustituye a los límites de precios fijados por el Gobierno desde 2022. Su propósito es desligar la actualización de rentas del IPC, que en 2022 superó el 10%.
Tras fijarse inicialmente este máximo en el 2%, el Ejecutivo elevó el tope al 3% en 2023 y en 2024. Según la última cifra publicada por el INE, el IRAV correspondiente a marzo de 2025 es del 2,08%.
«La limitación de precios en los contratos de alquiler es una medida que sirve para aliviar los contratos que están en vigor, al suponer un respiro para los inquilinos que ya cuentan un contrato que se renueva anualmente».
«Sin embargo, los efectos a medio y largo plazo son contraproducentes para el mercado de la vivienda. La otra parte implicada, los propietarios particulares, perciben la norma como desincentivadora al considerar que condiciona la hoja de ruta de su rentabilidad -principal razón por la que ponen su vivienda en alquiler-. Por ello, retiran la vivienda del alquiler de larga estancia o esperan a que finalice el contrato para aumentar el precio y recuperar el rendimiento perdido«.
«Los nuevos inquilinos o colectivos vulnerables como los jóvenes que buscan vivienda por primera vez o que acceden al mercado, se están encontrando con un alquiler cada vez más limitado en cuanto a oferta y menos dinámico, en el que será muy difícil entrar», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
Más del 40% de propietarios e inquilinos desconocen el IRAV
La incorporación del IRAV ha generado confusión en el mercado del alquiler. Actualmente, un 43% de los participantes en el mercado (tanto propietarios como inquilinos) desconoce su existencia y funcionamiento, una tasa muy inferior a la registrada acerca del grado de conocimiento del límite fijado por el Gobierno, que era del 24% en febrero de 2024.