Seguridad jurídica en el alquiler: Las claves para un mercado estable

La seguridad jurídica constituye la base fundamental en cualquier sistema legal. Hablar de la falta de seguridad jurídica, en concreto, la seguridad jurídica en el mercado del alquiler, es hablar de incertidumbre tanto para los propietarios como para los inquilinos, situación que no favorece las condiciones para un mercado saludable y sostenible. Un marco legal claro y predecible fomenta la confianza entre las partes. Pero la incertidumbre se produce fundamentalmente cuando la norma o su aplicación no es clara, cuando la norma es cambiante o cuando no se respeta. 

Con una o varias de estas condiciones, se incrementa la percepción de riesgo del propietario, que inevitablemente incrementará el precio o ahorrará en mantenimiento para tratar de compensar la incertidumbre futura. Por su parte, el inquilino se enfrentará a mayores exigencias en cuanto a garantías se refiere y a un precio mayor para un inmueble peor mantenido. La inseguridad jurídica puede, por lo tanto, desincentivar el mercado de alquiler, afectando a la disponibilidad de viviendas y a la estabilidad de las relaciones entre arrendadores e inquilinos. 

No obstante, se suele olvidar que, con respecto a la normativa aplicable, no solamente juega un papel la seguridad o inseguridad efectiva real, sino también la percepción de la misma, lo sólida que parece ser. En otras palabras, la percepción que tengan propietario e inquilino sobre la estabilidad del mercado y su régimen normativo. 

Si todos los actores del mercado denuncian una inseguridad jurídica en el mercado del alquiler, a nadie se le escapa que la percepción de inseguridad aumenta ante las permanentes declaraciones, propuestas y hasta amenazas que se vierten por parte de responsables políticos, medios de comunicación y otros creadores de opinión. 

En estos días se ha registrado en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir que los contratos de alquiler no tengan límite temporal. Al margen de las reminiscencias a la llamada renta antigua de los años 50, y de su efectividad si llegara a aplicarse, el mero anuncio de la medida ya ha generado inquietud entre propietarios e inquilinos que temen un nuevo cambio de las reglas del juego. Los promotores de este proyecto deberían ser conscientes de lo perjudicial de su actuación y responsabilizarse de las consecuencias para los propietarios, pero, sobre todo, para los inquilinos que deben enfrentarse en un mercado ya suficientemente tensionado al que su propuesta viene a presionar más. 

En un contexto donde las dificultades de acceso a la vivienda son una preocupación creciente, garantizar un marco legal sólido y predecible es esencial. Los creadores de opinión, los profesionales inmobiliarios y sobre todo los representantes políticos debemos entender que el sector del alquiler es un mercado extremadamente sensible a nuestros comportamientos, críticas, propuestas y declaraciones. Debemos, por lo tanto, asumir nuestra responsabilidad en la medida en que podemos influir en la percepción de riesgo de sus actores y, por lo tanto, en su desarrollo. 

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