Si bien los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración crean muchas oportunidades para los huéspedes, los anfitriones y todo el ecosistema turístico, su rápido crecimiento ha suscitado preocupaciones y planteado retos, en particular para las comunidades locales y las autoridades públicas, como su contribución a la disminución del número de viviendas destinadas al arrendamiento residencial y al aumento de los precios de los alquileres y la vivienda.
El Reglamento parte de esa premisa y por ello pretende afrontar una serie de retos, principalmente, la falta de información fiable sobre los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, como la identidad del anfitrión, el lugar donde se ofrecen dichos servicios y su duración. La falta de dicha información dificulta que las autoridades evalúen el impacto real de estos servicios y elaboren y apliquen respuestas políticas adecuadas y proporcionadas.
Clarificación de la causalidad de contratos de temporada
De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, esta información obtenida servirá para reforzar la causalidad que la ley exige para los contratos de temporada. Se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajos estos contratos y evitar así un fraude o abuso de ley.
Este objetivo es una de las conclusiones que la ministra Isabel Rodríguez anunció como consecuencia del Grupo de Trabajo para la regulación de los contratos de temporada. Concretamente, la ministra dijo en la rueda de prensa posterior que tendría “que existir una causalidad para poder proceder a este tipo de contratos [en referencia a los contratos de temporada]. Se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajos estos contratos y evitar así un fraude o abuso de ley”, precisó.
Un Real Decreto resultado de la negociación en diferentes niveles de la administración y con la sociedad civil
Isabel Rodríguez ha encabezado cuatro interlocuciones institucionales y con la sociedad civil para la redacción del texto que hoy sale a consulta pública. En primer lugar, dentro del Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada, que mandataba la Ley de Vivienda; en segundo lugar, un grupo de trabajo con el Ministerio de Industria y Turismo; y también en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del 24 de mayo; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) del 26 de junio y con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) del pasado 13 de diciembre de 2023.