Viviendas públicas en 2024: un futuro de hogares accesibles

Los objetivos de la Administración pública para 2024 pasan por impulsar la vivienda pública para facilitar el acceso de los jóvenes y familias con dificultades económicas a un hogar.

Agustina Battioli
Agustina Battioli Experta en el sector inmobiliario

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El Gobierno de España, en sus presupuestos para 2024, prioriza los criterios de asignación de recursos hacia medidas que refuercen el Estado de Bienestar, con un impulso a la vivienda social. Se pretende garantizar el futuro de la juventud a través del acceso a una educación pública e inclusiva, al empleo digno, estable y bien remunerado, y del acceso a la vivienda asequible. No obstante, ¿cuál es la situación de la vivienda pública para el año que viene? ¿Será más fácil comprar una vivienda en 2024 respecto a este año que terminamos? 

En 2022, la Administración Pública registró 1.800 visados de obra nueva, lo que supone un máximo en los últimos 10 años, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Sin embargo, hay que recordar que la construcción de vivienda pública ha caído un 86% en España respecto al máximo de 2006.

Las viviendas de protección oficial terminadas por el Estado llegaron a las 1.358 certificaciones de fin de obra en 2022.

Cómo incrementar el porcentaje de vivienda social en España a más del 2,5% actual

El objetivo del Gobierno en cuanto a la mejora del acceso a la vivienda se dirige, sobre todo, a la gente joven. Y lo quiere conseguir apelando “al diálogo y el entendimiento con comunidades autónomas y ayuntamientos para dar una solución rápida y eficaz al tema de la vivienda social” (según Moncloa), que actualmente es solo del 2,5% respecto al total de viviendas, mientras que en Europa la cifra es del 9,3% (según datos del Observatorio de vivienda asequible).

A través del impulso del parque de vivienda pública en alquiler social español, se debe alcanzar para 2030 la actual media europea, estimulando la rehabilitación del parque y el uso del suelo de reserva para vivienda protegida.

El programa de incremento del parque público de viviendas se establece dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, muy orientado hacia la generación de vivienda asequible, así como por las ayudas específicas a personas que sufren especial vulnerabilidad residencial.

El plan del Gobierno es alcanzar la cifra de 184.000 Viviendas en alquiler social o precio asequible, según el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible.

Ese plan de vivienda se instrumenta a través de iniciativas articuladas por Mitma, la Sareb y el Fondo Social de Viviendas de alquiler. Además, según el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, se quiere destinar 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, para promover y rehabilitar 43.000 viviendas destinadas al alquiler social.

La vivienda pública en las diferentes Comunidades Autónomas

Según la Constitución Española, la competencia en materia de vivienda se le adjudica a las Comunidades Autónomas. El Gobierno, que se reserva competencias sobre la planificación económica general, ha firmado un Convenio con las Comunidades Autónomas (salvo Euskadi y Navarra), para ejecutar el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. 

Además de los proyectos de las nuevas viviendas públicas del Estado, adelantamos los programas que ha seleccionado y publicado cada CC.AA., para implementar acciones concretas en su territorio:

En Madrid, la Comunidad prevé terminar la construcción de 1.900 viviendas del Plan Vive en el primer semestre de 2024, según la Consejería de Vivienda. Esta última impulsará la edificación de 6.500 nuevas viviendas en alquiler asequible en 12 municipios madrileños.

En Andalucía, según la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se recuperará la promoción de vivienda en alquiler a precio asequible, con una inversión de 30 millones de euros, destinada a promotores públicos y privados.

En Canarias, el Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, a través del consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, aprobó el presupuesto para el año 2024, dotado de 6.877.487 euros, para impulsar las políticas para garantizar el acceso de las familias a una vivienda asequible en Gran Canaria, como el impulso a la construcción de 364 nuevas viviendas protegidas.

En Extremadura, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en su explicación del Proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2024 ha señalado que se destinarán 25 millones de euros de los presupuestos, para construir viviendas de «alquiler asequible» en 2024. 

En Valencia, la sociedad AUMSA (Actuaciones Urbanas Municipales) destinará el 65 % de su presupuesto en 2024 para la construcción de 213 viviendas públicas de alquiler asequible, según afirma el gobierno de la comunidad. 

En Galicia, La Xunta ha informado en su página web de que convocará un nuevo concurso de suelo residencial en 2024 para promover la construcción de vivienda protegida en Vigo, Pontevedra, Lugo y Ferrol.

El objetivo, en definitiva, es promover la construcción de más viviendas protegidas en esas ciudades, poniendo a disposición de promotores privados y cooperativas, un total de 110 parcelas de uso residencial de su propiedad con capacidad para albergar unas 1.195 viviendas protegidas.

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