De hecho, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos tienen la potestad de imponer los precios tope a los grandes propietarios y de penalizar o no fiscalmente las viviendas vacías.
A pesar de ello, Bolaños se ha mostrado confiado en que los gobiernos de las comunidades autónomas cumplan la ley ya que, de otro modo, estarían perjudicando a todo el país y se trata “de un interés general”.
Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia se negarán a aplicar la nueva ley de vivienda
A pesar de la petición de Bolaños, casi la mitad de España, es decir, la gobernada por el Partido Popular, no aplicará la futura ley de vivienda. Así lo ha afirmado el presidente del PP, Pablo Casado, que la ha tachado de “intervencionismo suicida” y que ya ha anunciado que en cuanto se apruebe la normativa la recurrirá al Tribunal Constitucional. Después de estas declaraciones de Casado, sus colegas de partido tampoco se han hecho esperar.
Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reivindicado que su consistorio no hará “nada” para controlar el precio de los alquileres en Madrid. Por su lado, Paloma Martín, la consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid, que ha tachado la propuesta de “sectarismo ideológico”, ha afirmado que no permitirá que “se pongan en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso”.
También el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid presentará su propio recurso al Tribunal Constitucional, independientemente del que lleve a cabo el PP, ya que considera que “esta ley invade sus competencias, genera miedo y limita la libertad de las familias”. Hace meses que el Gobierno de Díaz Ayuso se mostró en contra de los topes al valor de los alquileres, pese a que se trata de una de las regiones de España con la vivienda más cara. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que el Gobierno regional no aplicará ninguno de los enunciados de la Ley de Vivienda que «sean lesivos para la propiedad y la inversión»
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera la ley como una intromisión a sus competencias; el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha tachado la ley de comunita y los ayuntamientos de Castilla y León y Andalucía han tachado la ley de intervencionista.
Por lo tanto, las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, que suman más de 21 millones de habitantes, así como los ayuntamientos populares (el PP tiene las alcaldías de cuatro de las ocho grandes capitales) se negarán a aplicar la nueva ley de vivienda.
Cataluña, el País Vasco, Aragón y Extremadura estudiarán si recurre o no la ley española de vivienda, mientras que el resto de comunidades la han celebrado
El resto de comunidades autónomas también se han pronunciado respecto a la nueva ley de vivienda, directa o indirectamente.
Cataluña, gobernada por Esquerra Republicana de Catalunya, estudia si recurrir la ley. Debemos recordar que el Ejecutivo recurrió la ley catalana de alquileres, la primera en España, por invasión de competencias estatales, lo que para el Govern representa una gran contradicción.
Por su lado, el País Vasco, donde gobierna el PNV, ha explicado que esperará a conocer los detalles de la nueva ley de vivienda para pronunciarse acerca de si la acatará o no, al igual que Aragón y Extremadura. El resto de comunidades autónomas –La Rioja, Navarra, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha y la Comunitat Valenciana- han celebrado la primera Ley, en democracia, en materia de vivienda.
