La ocupación ilegal en España es un problema cada vez más importante en la sociedad, sobre todo porque se puede llegar a entender que la regulación existente puede otorgar un excesiva protección a las personas que ocupan una vivienda de manera ilícita.
Modificaciones de la Ley Anti-desahucios
El gobierno ha modificado ligeramente la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables hasta que termine la declaración del estado de alarma, prevista para el 9 de mayo. Como regla general, y a pesar de la modificación introducida, se mantiene que cualquier tipo de ocupación es perseguible penal y civilmente, ya sea en primer o segunda residencia. Con la modificación de esta normativa, el Gobierno parece legitimar ciertos tipos de ocupaciones, sobre todo en inmuebles de grandes tenedores, situación que pone en riesgo al sector inmobiliario, ya afectado por la crisis económica causada por la COVID-19. La nueva regulación reseña que la prohibición de desahuciar no se aplicará en aquellos supuestos en que la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las persona. Esto es, si se produce una ocupación sin violencia, supuestamente se legitimará al ocupa a pedir la suspensión del procedimiento hasta que se levante el estado de alarma. Cabe recordar por lo tanto que la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos vacíos, por lo que es muy difícil que se genere una situación de violencia.
El problema no reside solo en el incremento de la inseguridad de los propietarios de viviendas, sino que, una vez ocupada la vivienda, se vuelve una auténtica odisea poder recuperarla en tiempos cortos y en las mismas condiciones.
Esta es una situación en la que se encuentran unas 100.000 viviendas en España que permanecen ocupadas de manera ilegal, y no parece que el fenómeno tienda a la baja, sino que las cifras van en aumento desde el año 2016, cuando creció un 50%, y luego un 20% entre 2018 y 2019. Frente a estos datos devastadores, en caso de encontrarnos frente a una ocupación ilegal, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder recuperar el inmueble?
La rapidez es fundamental para recuperar una vivienda ocupada
Si se trata de nuestra vivienda habitual y nos acabamos de percatar de que nos han ocupado el inmueble, lo aconsejable es interponer de forma inmediata una denuncia ante la policía para intentar que se dirijan al inmueble y procedan al desalojo inmediato de la vivienda, ya que podríamos entender que estamos ante un delito flagrante. En este sentido, es muy importante que no transcurran más de 24-48 horas, ya que, vencido este plazo, y para otros supuestos, el afectado ya deberá acudir a la vía civil, por lo que deberá iniciar un procedimiento judicial para reclamar la posesión de la vivienda, ya sea por una demanda de desahucio por precario o bien mediante interdicto de recuperación de la posesión. Por lo tanto, se recomienda la vía penal para aquellos supuestos en que se ha ocupado la vivienda habitual y se proceda a denunciarlo de forma inmediata. Para el resto de los supuestos es aconsejable iniciar la civil, si bien el procedimiento es mucho más lento.
Para acortar los tiempos y conseguir la máxima rapidez de actuación, ante la amenaza de ocupación ilegal el uso de alarmas en los hogares es el mejor aliado, ya que la alarma se dispara cuando entra un intruso, por lo que el propietario puede percatarse de forma inmediata de la ocupación de la vivienda y avisar a la policía, si el servicio de seguridad no la avisa automáticamente, para intentar proceder al desalojo inmediato.
